La nueva ley obliga a que el médico u otro profesional que prescribe una receta a escribir, junto con el nombre de fantasía o de marca, la denominación genérica del medicamento.
Además, permite la intercambiabilidad del producto, es decir, a partir de ahora una persona que va con una receta médica a la farmacia podrá cambiar el remedio por otro bioequivalente.
En ese sentido, la nueva ley obliga a las farmacias a tener disponibles todos los medicamentos bioequivalentes aprobados por el Instituto de Salud Pública. Además, todos los remedios deberán tener escrito el precio en su caja o envase.
Otro de los elementos que contiene esta ley es que se permite el fraccionamiento o la venta de dosis unitaria, con el fin de que la persona no pague de más por medicamentos que no necesita y que además, quedan en la casa a riesgo de que pueda ser usado por un niño, provocando cuadros de intoxicaciones.
En materia de acceso, esta iniciativa permite que aquellos lugares donde no existan farmacias establecidas, se autoricen las farmacias móviles o los almacenes farmaceúticos. Y en caso que estos servicios no estén instalados, se autoriza a los establecimientos asistenciales de la localidad a suministrar al público productos farmacéuticos.
Y en aquellos casos en que exista desabastecimiento de un determinado medicamento en el país se faculta a Cenabast, organismo que realiza las compras de medicamentos de los establecimientos públicos de salud, a importar directamente o adquirirlos a precios competitivos.
También se permite la venta de remedios que no requieren receta médica en las góndolas o estanterías de las farmacias.
En materia de fiscalización, la ley regula aquellos alimentos especiales que son utilizados en el tratamiento de algunas patologías y que antes no tenían una supervisión clara, facultad que queda radicada en el Instituto de Salud Pública. A su vez, se amplía el universo de productos que este organismo puede fiscalizar en materia de insumos de uso médico como marcapasos, prótesis ortopédicas, entre otros.